Posteado por: afincoalconsultores | 19 febrero, 2013

La responsabilidad penal de las Personas Juridicas

        MP900341468       Nuestra jurisprudencia ha analizado   la responsabilidad   de las personas jurídicas en el plano del Derecho administrativo sancionador, declarándola compatible con el principio de culpabilidad y las exigencias de responsabilidad por la propia conducta y personalidad de la sanción   -STC 646/91-. Las consideraciones aquí formuladas pueden ser trasladadas al Derecho penal pero con cautelas, dado que , aunque rijan los mismos principios y garantías que en el derecho penal, no lo hacen con la misma intensidad  –STC 56/98-  . Las   estructuras dogmaticas en el Derecho administrativo sancionador   son de corte casualista  –donde el dolo y la imprudencia son formas de culpabilidad, mientras que en el sistema penal predomina la concepción finalista por lo que el dolo y la violencia son los elementos típicos.

El viejo principio “societas delinquere non potest” queda sustituido por el de “societas delinquere et puniri potest”. La normativa europea a través de las decisiones marco y las directivas, en relación a la protección del sistema financiero de las CCEE, la lucha contra la corrupción  de los agentes públicos extranjeros. En Europa coexisten sistemas de responsabilidad penal de las personas jurídicas de corte penal  –Francia-de cote administrativo  –Alemania- y otros mixtos –Italia-.

Los rasgos fundamentales   de este nuevo sistema permiten castigar a la persona jurídica por el delito imputable: la posibilidad de imputación, cuando se trate de un delito en provecho de la persona jurídica, esto supone que el delito debe ser imputado la propia persona jurídica por  su responsabilidad en su propia conducta y no por responsabilidad objetiva por un hecho ajeno.
El art.31 bis recoge una doble vía de imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

Primero.- Los casos de delito cometido por el administrador o representante de la persona jurídica, en su nombre o por su cuenta, y en su propio provecho.
Segundo.-  Los casos cometidos por un empleado sometido a la autoridad del administrador representante, cuando haya podido cometerlo debido a la falta de la debida diligencia sobre él.
Quedan excluidos las entidades de derecho público, las entidades estatales y mercantiles y los agentes políticos y sindicales.

El código penal contiene un numerus clausus respecto de los delitos que generan esta responsabilidad para las personas jurídicas. Estructura general,  tráfico  ilegal de órganos, art.156 bis; trata de seres humanos, art.177 bis; delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, art. 189 bis; delitos contra la intimidad y allanamiento informático, art.197; estafas, art.251 bis; insolvencias punibles, art. 261 bis; daños informáticos,
art. 264; delitos contra la propiedad industrial e intelectual, el mercado ylos consumidores, art.288; blanqueo de capitales, art.302; delito contra hacienda pública y seguridad social, art.310 bis; delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, art. 318 bis; delitos de construcción, edificación y urbanización, art. 319; delitos contra el medioambiente, arts.
327 y 328; delitos relativos a la energía nuclear, art.343; delitos de riesgo provocados por explosivos, art.348; delitos contra la salud pública, art.369 bis; falsedad de medios de pago, art.399 bis; cohecho, art.427;  tráfico  de influencias, art.430; corrupción de funcionario  público  extranjero, art. 445; delitos de organización, art.570 quáter; financiación del terrorismo, art.576 bis.

En términos generales, se ha constituido una discusión centenaria si las personas jurídicas pueden cometer todo tipo de delitos o si, por el contrario, sólo su  responsabilidad penal se puede referir a todo tipo de delitos. El criterio tradicional ha sido que las personas jurídicas solo pueden cometer delitos mala prohibita y no mala in se. De ahí que constituya una evolución natural que en todos aquellos sectores regulatorios en los cuales las personas jurídicas ya son sancionadas administrativamente, se considere posible que puedan ser condenadas penalmente. La discusión adquiere tintes especialmente problemáticos en el ámbito del homicidio puesto que en ciertos  casos, su vinculación con delitos regulatorios clásicos es más que evidente, por ejemplo, los delitos contra la seguridad de los trabajadores o contra los consumidores.

No en vano, el código penal español ha excluido los delitos contra la seguridad de los trabajadores del ámbito de sanción del art.31 bis.
En el caso español, no obstante, se produce cierta mezcla de mala prohibita y mala in se. La mayor parte de los delitos referidos anteriormente se corresponden con los delitos recogidos en aquellos instrumentos comunitarios  –principalmente decisiones de marco-  que prevén la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos. Por
tanto, en la medida en que surjan nuevas necesidades político-criminales nacionales o europeas, probablemente se produzca una ampliación del catalogo de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal de las personas jurídicas, confirmándose así la tendencia a la expansión del Derecho penal tan presente en nuestro tiempo.

Debe valorarse positivamente la introducción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español. Y ello, fundamentalmente, puesto que la responsabilidad penal es un índice de la posición que ocupan los sujetos en la sociedad. La indubitada  significación de los actores corporativos en la sociedad moderna
–condensada de alguna manera en la noción de la ciudadanía corporativa-obligaba a que los derechos derivados de dicho estatus se vieran equiparados con una serie de obligaciones  -entre las  que se destacan los deberes de índole penal-.

Dicho esto, la legislación española es sustancialmente mejorable y, de hecho, las reformas que esclarezcan muchos de los extremos señalados con anterioridad deberían acontecer en tiempos cercanos, para evitar la insoportable inseguridad jurídica que tendrá lugar a partir de la entrada envigor de la reforma. Solo así se alcanzaran las cuotas de eficacia y justicia –
sc. premiar a los ciudadanos corporativos cumplidores de la legalidad y castigar a los que fomentan la comisión delictiva-  deseables en un ordenamiento jurídico. Hasta entonces, la labor de los operadores jurídicos será llevar a cabo interpretaciones razonables y garantistas de los preceptos citados, evitando una aplicación objetiva de este tipo de responsabilidad y sancionado a la persona jurídica por lo que ella misma ha realizado.

VIAS DE IMPUTACION DE LAS PERSONAS JURDICAS
Por medio de sus representantes o administradores de hecho o de Derecho.
El representante   a los efectos del art.31 bis del C.P.no es cualquier sujeto con limitados poderes, sino sólo quien ejerce la representación de la sociedad extendida a la generalidad de los actos comprendidos en su objeto social. El administrador   sea de hecho o de derecho es empelado en los arts.31 y 290 del  C.P. La persona jurídica no puede ser penada por
conductas que no le son imputables a ella, es decir que no están bajo su capacidad de dirección. La persona jurídica solo es posible imputarle responsabilidad penal cuando el delito haya sido posible a un fallo organizativo de esta, una omisión del cuidado debido en la evitación de delitos en su seno. Dicho fallo organizativo seria la conducta propia de la
persona jurídica y el objeto del reproche penal. El principio de culpabilidad impone que la empresa no  se le pueda penar por conductas ajenas, sino sólo por ser conductas propias.
Responsabilidad directa.-El art. 31 bis del C.P. ha introducido la responsabilidad penal directa, al determinar que serán responsables en la medida en que dicha responsabilidad se encuentre prevista en el art.310 del C.P, en el ámbito de los delitos contra la hacienda pública.
Igualmente todas las conductas de insolvencia previstas en los arts. 257 a 260 del C.P.

jmgs

Grado en Derecho

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